A 10 años de la creación de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el reto es fortalecerla, expuso la magistrada de la Sala Superior Claudia Valle Aguilasocho quien invitó a autoridades de salas regionales y tribunales de diversas entidades federativas a crear sus propias defensorías, con el propósito de que tal defensa sea un bien accesible sin distinción en lo regional, en lo local o en lo nacional.
Durante su participación en la mesa del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026, titulada “Defensoría Pública Electoral: un balance a diez años de su creación”, la magistrada del TEPJF indicó que dotar de ese servicio especializado a cada estado requiere voluntad institucional, para dar vida a un deber constitucional convencional, donde la garantía de acceso a la justicia llame a sumar esfuerzos, voluntades y recursos en favor de los derechos de quienes más arbitrariedades viven.
Valle Aguilasocho consideró que la defensoría pública sigue siendo pequeña, pero grande en sus alcances. ”Crear una defensoría implica empezar con un modelo pequeño pero eficaz, con una coordinación nacional de defensorías”, agregó al precisar que una defensoría requiere, en primer lugar, de voluntad, de dar vida a un derecho fundamental: el acceso a justicia.
La magistrada de la Sala Superior consideró necesario dicho fortalecimiento, al referir que la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, pese a prestar servicios en todo el país, se compone de 23 personas, de las cuales nueve son defensoras, por lo que insistió en que crear defensorías para cada entidad requiere voluntad, formalización y convencimiento de materializar un derecho fundamental: el acceso a la justicia.
Valle Aguilasocho recordó que los derechos están plasmados en las leyes, mientras que para hacerlos vivos y acceder a ellos, se requiere que la defensa sea accesible, por lo que llamó a las magistraturas de los distintos estados a generar sinergias y consolidar la creación de una Defensoría Pública Especializada Electoral a nivel nacional.
“Quizá el esfuerzo para crearla implique empezar con un modelo pequeño, pero eficaz, con una coordinación nacional de defensorías”, señaló la magistrada electoral, al tiempo que hizo un llamado a hacer que la Carta Magna se viva desde el acceso a la justicia, a través de la defensa de los derechos.
Para intercambiar y compartir reflexiones sobre el referido tema, participaron en la mesa: la magistrada de la Sala Regional Toluca, Marcela Elena Fernández Domínguez; el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Leodegario Hernández Cortez; la defensora pública de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo; el encargado del despacho de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Eginardo Hernández Andrés, y la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos.
En su oportunidad, la magistrada Fernández Domínguez consideró que la Defensoría Pública Electoral da efectividad a un derecho reconocido no solo en la Constitución mexicana, sino en casi todos los países, así como en los convenios internacionales sobre derechos humanos.
En tanto, el magistrado Hernández Cortez destacó que la citada institución del TEPJF se ha convertido en un referente de inclusión de igualdad y defensa de los derechos políticos electorales, además de demostrar que la justicia no puede ser un privilegio para unos cuantos, sino un derecho de todas y todos.
A su vez, Alejos Arredondo explicó que la labor de la Defensoría Pública Electoral ha sido fundamental en la emisión de importantes criterios jurídicos que han permitido no solo obtener sentencias favorables, sino materializar y dotar de contenido los derechos políticos electorales.
